ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía), considera que las indemnizaciones para el colectivo de ex presos sociales no resarcen adecuadamente el daño ocasionado a l@s represaliad@s.
La ley sobre peligrosidad y rehabilitación social fue una ley aprobada por el régimen franquista en 1970. y sustituía a la Ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados antisociales.
Entre ellos, entre otros, se incluía a aquellos que practicaran la homosexualidad, la prostitución y el proxenetismo. Es decir a cualquiera que fuera considerado peligroso moral o socialmente por el régimen.
Establecía penas que iban desde multas hasta penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para la "rehabilitación" de los individuos.
Esta ley junto a la de "escándalo público" fueron usadas de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última parte de la dictadura franquista.
Tras la muerte de Franco el indulto de 1975 y la amnistía de 1976 no incluyó a ninguno de los considerados “peligrosos sociales”.
En enero de 1979 se eliminó el artículo referente a “los actos de homosexualidad”.
Ya bien entrada la democracia, en 1983 se derogó la ley de Escándalo Público Mientras que la ley de peligrosidad social fue derogada completamente en 1995.
Importante destacar que la susodicha ley golpeó de forma contundente y masiva además de a homosexuales visibles al colectivo de Mujeres Transexuales. Por ello está más que justificado que como Asociación de Transexuales expresemos nuestra opinión y decepción con las indemnizaciones.
Hace poco tiempo el Ejecutivo aprobó una partida presupuestaria para conceder cuatro millones de euros en indemnizaciones a l@s represaliad@s sociales.
Sin embargo la ATA se suma a la denuncia que se hace desde la Federación Estatal de Lesbianas Gays y Transexuales (FELGTB), y en concreto desde la asociación de Ex Presos Sociales, ya que en realidad el presupuesto no se gastará.
Y no se gastará dado que hay muy pocas solicitudes (La Asociación de Ex presos sociales ha recibido unas 80 solicitudes) y concretamente en nuestra Asociación (ATA) las mujeres transexuales objetos de indemnizaciones están entre las 8 y las 10.
Sin embargo actualmente se sabe que hubo más de mil personas encarceladas por su orientación sexual o identidad de género.
Con estas cifras las indemnizaciones sólo rondarían los 500.000 euros. Es decir una cifra ridícula, ya que el gobierno no se gastaría la partida presupuestaria aprobada.
La ley contempla que las indemnizaciones vayan en función del tiempo transcurrido en prisión. Y así se contempla indemnizaciones de 4.000 euros para l@s represaliad@s que pasaran entre un mes y seis meses en la cárcel que son la inmensa mayoría.
Sin embargo la ATA considera que hubiera sido más justo aprobar cuantías mayores. En un principio se le planteó al gobierno una indemnización de 24.000 euros por persona, cantidad que fue apoyada s por I.U. y otros grupos políticos.
Así mismo nos parece más oportuno fijar un único tipo de indemnización, independientemente si la persona estuvo encarcelada un mes o un año. Ya que el daño moral que les infligía a ellas y sus familias era parecido, y más teniendo en cuenta la estigmatización social de aquella sociedad.
Es decir cumpliese poco o mucho tiempo en la cárcel la ley le obligaba a la persona represaliada además, a la pena accesoria de un mínimo de un año más de destierro de sus pueblos o ciudades.
También nos sumamos a la petición de la Asociación de Ex Presos Sociales para que no quede ninguna documentación relativa a los expedientes personales de tod@s los afectados.
Al igual que las indemnizaciones se empiecen a cobrar con la mayor celeridad posible.
Por último tenemos que decir que somos conscientes de que España es pionera en resarcir económicamente a las victimas de un régimen dictatorial por orientación sexual e identidad de género.
Pero que no se ha sabido o querido profundizar suficientemente en el drama y sufrimiento de esas personas.
ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía)
http://www.atandalucia.blogspot.com/Entre ellos, entre otros, se incluía a aquellos que practicaran la homosexualidad, la prostitución y el proxenetismo. Es decir a cualquiera que fuera considerado peligroso moral o socialmente por el régimen.
Establecía penas que iban desde multas hasta penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para la "rehabilitación" de los individuos.
Esta ley junto a la de "escándalo público" fueron usadas de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última parte de la dictadura franquista.
Tras la muerte de Franco el indulto de 1975 y la amnistía de 1976 no incluyó a ninguno de los considerados “peligrosos sociales”.
En enero de 1979 se eliminó el artículo referente a “los actos de homosexualidad”.
Ya bien entrada la democracia, en 1983 se derogó la ley de Escándalo Público Mientras que la ley de peligrosidad social fue derogada completamente en 1995.
Importante destacar que la susodicha ley golpeó de forma contundente y masiva además de a homosexuales visibles al colectivo de Mujeres Transexuales. Por ello está más que justificado que como Asociación de Transexuales expresemos nuestra opinión y decepción con las indemnizaciones.
Hace poco tiempo el Ejecutivo aprobó una partida presupuestaria para conceder cuatro millones de euros en indemnizaciones a l@s represaliad@s sociales.
Sin embargo la ATA se suma a la denuncia que se hace desde la Federación Estatal de Lesbianas Gays y Transexuales (FELGTB), y en concreto desde la asociación de Ex Presos Sociales, ya que en realidad el presupuesto no se gastará.
Y no se gastará dado que hay muy pocas solicitudes (La Asociación de Ex presos sociales ha recibido unas 80 solicitudes) y concretamente en nuestra Asociación (ATA) las mujeres transexuales objetos de indemnizaciones están entre las 8 y las 10.
Sin embargo actualmente se sabe que hubo más de mil personas encarceladas por su orientación sexual o identidad de género.
Con estas cifras las indemnizaciones sólo rondarían los 500.000 euros. Es decir una cifra ridícula, ya que el gobierno no se gastaría la partida presupuestaria aprobada.
La ley contempla que las indemnizaciones vayan en función del tiempo transcurrido en prisión. Y así se contempla indemnizaciones de 4.000 euros para l@s represaliad@s que pasaran entre un mes y seis meses en la cárcel que son la inmensa mayoría.
Sin embargo la ATA considera que hubiera sido más justo aprobar cuantías mayores. En un principio se le planteó al gobierno una indemnización de 24.000 euros por persona, cantidad que fue apoyada s por I.U. y otros grupos políticos.
Así mismo nos parece más oportuno fijar un único tipo de indemnización, independientemente si la persona estuvo encarcelada un mes o un año. Ya que el daño moral que les infligía a ellas y sus familias era parecido, y más teniendo en cuenta la estigmatización social de aquella sociedad.
Es decir cumpliese poco o mucho tiempo en la cárcel la ley le obligaba a la persona represaliada además, a la pena accesoria de un mínimo de un año más de destierro de sus pueblos o ciudades.
También nos sumamos a la petición de la Asociación de Ex Presos Sociales para que no quede ninguna documentación relativa a los expedientes personales de tod@s los afectados.
Al igual que las indemnizaciones se empiecen a cobrar con la mayor celeridad posible.
Por último tenemos que decir que somos conscientes de que España es pionera en resarcir económicamente a las victimas de un régimen dictatorial por orientación sexual e identidad de género.
Pero que no se ha sabido o querido profundizar suficientemente en el drama y sufrimiento de esas personas.
ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía)
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