Tenía que haber sido un día histórico para los colectivos que defienden los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Cataluña. El Parlamento autonómico iba a aprobar, después de un intento fallido, la ley para la erradicación de la discriminación por razones de opción sexual. Pero la fiesta no llegó. El Partido Popular logró postergar el jueves pasado la votación definitiva en el último minuto, tras solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias que estudie si el régimen de sanciones, que establece multas de hasta 14.000 euros, es acorde a la ley. “Una norma así es papel mojado sin un régimen sancionador”, denuncia Jesús Generelo, secretario general de laFederación Estatal de LGBT (FELGTB).
No es la primera vez que el PP se opone frontalmente a este tema. En abril, Galicia aprobó una normativa similar —la primera en España—, pero los populares condicionaron su voto favorable a que se retiraran las multas. “Ya existen mecanismos de sanción en los códigos penal y laboral”, defiende la diputada Marta Rodríguez-Vispo (PP). “Es cierto que la ley se ha rebajado, pero es una norma digna, creo que puede ayudar a acabar con la discriminación”, justifica la socialista Carmen Gallego, ponente de la ley. Ambas formaciones resaltan el “gran consenso” que ha permitido sacar la ley adelante.
Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución aseguran que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. “Son la garantía formal de la igualdad, pero son muy abstractos”, explica Maria José Corchete, profesora de derecho de la Universidad de Salamanca. “La cuestión no es la regulación de la discriminación, sino la garantía del cumplimiento de las normas que la regulan”, agrega la experta en derecho constitucional. “Normativamente hay igualdad, pero socialmente siguen existiendo los comportamientos discriminatorios”, opina Carlos Villagrasa, profesor de derecho civil de la Universidad de Barcelona.
La Secretaría de Estado de Seguridad registró el año pasado 1.172 ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen étnico, los llamados crímenes de odio, tanto de tipo administrativo como penal. En Cataluña y en Málaga, por ejemplo, existen fiscales especializados en estos delitos. Sin embargo, como recuerda Eugeni Rodríguez, del Front de Alliberament Gai de Catalunya (FAGC),“la homofobia es un agravante, no un delito”.
El último intento de regulación estatal fue la propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminación que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su último Gobierno. Se trataba de una ley sombrilla que además de sancionar comportamientos homófobos también incluía multas de hasta 500.000 euros por discriminar por razones de creencias, sexo o hasta apariencia física. El adelanto electoral la dejó en el cajón. “No sería la primera vez que los Parlamentos autónomos se adelanten al Congreso de los Diputados. Ya pasó con las normas de paridad”, recuerda Corchete.
La necesidad o no de una ley específica es una de las cuestiones a debate. “Es necesaria porque toca todos los ámbitos, como el tratamiento en los medios de comunicación públicos, la educación, la sanidad, los servicios públicos y los convenios colectivos”, justifica Fito Ferreriro, activista LGBT de la plataforma Sete Cores. Desde el FAGC, Rodríguez cree que “se pondrán en regla un montón de derechos y aspectos de la vida cotidiana, más allá de lo penal. A pesar de todo, somos una de las comunidades que sufre una discriminación mayor”, explica.
Gallego, por su parte, recuerda que hay casos como los de la intersexualidad que “no están reconocidos ni por asomo”. Uno de los más conocidos es el de la viguesa Charlotte Goiar, de 41 años, que sufre del síndrome de Harry Benjamin, es decir, su cerebro es femenino pero su cuerpo es masculino. “Hace dos años el Tribunal Supremo pidió su operación de cambio de sexo, aún sin éxito”, explica la diputada.
El recurso del PP catalán pone en duda “el exceso de discriminación positiva y el régimen sancionador”. En específico, el hecho de la carga inversa de la prueba, es decir, que el acusado de homofobia tenga que probar su inocencia, no al contrario. Este mecanismo, que se aplica por ejemplo en los casos de violencia de género, “plantea dudas sobre el derecho a la presunción de inocencia”, asegura Corchete. “La prueba la tiene que suministrar quien tiene mayor facilidad de darla, en estos casos el agresor”, explica Villagrasa. El escrito de los populares asegura que “admitir que la simple denuncia de una situación discriminatoria comporte el traslado de la carga de la inexistencia de la situación denunciada es una subversión del sistema general vigente”.
Desde FELGTB creen que los populares y Unió Democrática —que también se opuso, ambos suman el 22% de la Cámara catalana— “buscan recovecos legales para no ser tildados de homófobos”, explica Generelo. Y con Rodríguez recuerda las presiones de la Iglesia para vetarlas. En Galicia, el Foro de la Familia pidió paralizarla. Y un comunicado de la Conferencia Episcopal de Tarragona alerta de “las graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Cataluña”.
La mayor preocupación, sin embargo, es que estas leyes no tengan dotación económica y así se queden en mero papel mojado. “La ley gallega está coja, pero ahora nos corresponde exigirle al Gobierno que empiece a desarrollarla. En Cataluña, la aprobación quedará pendiente de lo que suceda en un otoño políticamente inestable y durante el que nadie descarta una convocatoria de elecciones anticipadas.
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